En general, los pueblos perderán más de 40% de inversión sostenible por población respecto del año 2017 que irán a parar a pagar un paquete de ayudas a dedo de más de 7 millones de euros, la mitad de los cuales a pueblos de los vicepresidente y miembros del gobierno del PP de la Diputación.
La propuesta, que parte de Compromís, y que había provocado la unanimidad en la Diputación para repartir la inversión sostenible en 2016 y 2017 y que según la cual se repartirá la mayor parte de dinero con criterios poblacionales se ha modificado. El PP ha trasladado un 40% de la inversión que fueron repartidas en los pueblos a recuperar el paquete de subvenciones a dedo a vicepresidentes y miembros de su gobierno a la Diputación que habían sido judicializadas y paralizadas por la justicia en algunos casos, y a este paquete todavía le ha sumado más acuerdos a dedo sin justificar algunos de ellos propuestos por el PSPV.
Ante este hecho, Compromís ya ha avanzado que se podría estar incurriendo en un delito penal de desobediencia a resoluciones judiciales. La estrategia ha consistido a hacer creer a los juzgados que se daba marcha atrás pidiendo la extinción de las causas judiciales mientras paralelamente se preparaban otros actos administrativos con el mismo objeto. Y, además, este nuevo acto administrativo se sumaba al acuerdo marco de inversión sostenible de 31 millones de euros para forzar a no recurrirlo.
Compromís ha informado que esta “sorpresa” en forma de ayudas a dedo rompe el principio de acuerdo que qué habían llegado PP, PSOE y Compromís, puesto que suma a dicho acuerdo un paquete de 7,3 millones de euros que afecta a todas las comarcas. El acuerdo original consistía a respetar la aportación en los 141 pueblos del 2016 y 2017, sumar los pueblos que se habían quedado fuera del plan de obras y compensar los efectos de los temporales de 2016 y 2017. Ahora, el PP condiciona el pacto anterior a que se aceptó en el mismo dictamen los más de siete millones de euros de ayudas a dedo, y extrae esta cantidad a los municipios.
El Portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ha destacado que “entendemos que este acuerdo engaña los juzgados y los pueblos, y pedimos que el paquete de 7 millones de euros se reparta democráticamente entre los 141 pueblos”. Compromís ha anunciado una enmienda en este sentido al dictamen el día del plenario, a la hora que ha asegurado que si se mantienen las ayudas clientelares a expensas del reparto democrático en todos los pueblos ampliará la causa del contencioso administrativos y estudiará la comisión de un posible delito de desobediencia por parte de los impulsores del pacto.