En el pleno de septiembre de 2016, el concejal de Compromís y portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, realizó una serie de cuestiones al gobierno local en el apartado de ruegos y preguntas. Al no ser contestadas ni el mismo pleno, ni en el siguiente, como así obliga la legislación, y al haber pasado demasiados meses sin obtener respuesta, el concejal ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana para que se inste al gobierno local a que conteste y, en su caso, que aplique las sanciones correspondientes.
Preguntas sobre la estación de autobuses, preguntas sobre el edificio Karola y preguntas sobre el sector urbanístico APR7 son las cuestiones que planteó Bigorra en el pleno de 26 de septiembre de 2016. Preguntas que además había hecho un ciudadano meses antes también en el pleno y que, al no obtener respuesta, pidió al regidor que las formulara. Preguntas que, aunque el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Benidorm obliga a que se contesten en el mismo pleno o, como mucho en el pleno siguiente, aún siguen sin respuesta, como ha asegurado el portavoz.
«Ya nos hemos cansado de esperar y ver que el gobierno local no cumple la legislación vigente respecto a la contestación de las preguntas que los grupos municipales, como el nuestro, hacemos para fiscalizar su acción de gobierno y para intentar averiguar que algunos asuntos de peso para Benidorm se encuentran en un punto muerto», indicó en rueda de prensa. En ese sentido, ha recordado que el sector urbanístico APR7 tenía un convenio, y novaciones del mismo, que acordaba unas permutas de tierras y compensaciones económicas en la zona de Sierra Helada, pero que estos acuerdos caducaron en junio de 2016. Además, ha añadido que sobre este tema «no sólo preguntamos en el pleno, sino que desde julio de 2016 hemos preguntado a menudo en comisión informativa y sin respuesta».
Por todo esto, el concejal ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana, adjuntando las actas de los plenos de septiembre y octubre de 2016, en el que solicita que la entidad inste al Ayuntamiento de Benidorm a facilitar la información solicitada y a que, en su caso, aplique las sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno valenciana, «la que ha servido de base, además de la legislación estatal, para crear la Ordenanza de Transparencia municipal que también tiene que cumplir el gobierno local «. Finalmente, Bigorra ha recordado que «por estas cuestiones, entre otras, es por lo que reprobamos la actitud del gobierno local en el pleno ordinario de junio», retirando las mociones del PP y aprobando una moción fiscalizadora sobre los asuntos de Enrique Ortiz en Benidorm.
Audios de la rueda de prensa: