La contratación actual de la gestión del servicio de Playas ha recibido diferentes alegaciones a los pliegos que marcan las condiciones que las empresas deben cumplir. Estos recursos presentados critican los criterios de solvencia que se piden porque, a su juicio, limitan la competencia de las empresas que pueden optar a este contrato. El concejal de Compromís y portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, destacó que estos recursos dan la razón al grupo municipal que puso estos y otros peros, basados en las apreciaciones de la secretaría municipal.
«El secretario advirtió que las condiciones que se exigían sobre la solvencia técnica y económica en las reuniones que tuvimos todos los grupos municipales sobre los pliegos de condiciones del servicio de playas durante el mes de agosto podrían limitar la competencia y limitar la presencia de empresas en el proceso, lo que es contrario a la ley. Ahora algunos recursos presentados inciden precisamente en lo que señaló y en lo que nosotros pusimos en duda en ese momento», ha criticado Bigorra. El portavoz indicó que el proceso siguió porque el gobierno local aseguró que no existía ningún problema, pero desde el grupo municipal siguieron expresándose estas dudas.
Bigorra además ha recordado que, junto con esta problemática sobre la competencia, un informe del secretario de septiembre señalaba que no estaba convenientemente justificado económicamente hablando el valor de la licitación del contrato del servicio de playas. «Nuestro grupo municipal pidió en el pleno de septiembre que mientras no existiese la justificación económica necesaria de este contrato valorado en más de 40 millones de euros que se dejara sobre la mesa el asunto; el gobierno local no accedió y el pliego de condiciones que tantos recursos tiene ahora en contra fue aprobado, a pesar de nuestro voto en contra», subrayó.
El portavoz también ha incidido en que Compromís Los Verdes fue el único grupo municipal de los que forman el consistorio que votó en contra de los pliegos de condiciones por las dudas planteadas sobre la libre competencia y la falta de un informe justificando el valor total del contrato, y también porque la duración del contrato era excesiva (5 años más 5 años de prórroga) y porque no se había limitado el número de hamacas máximo que podían estar en cada playa, de manera que hubiera un equilibrio entre los residentes y el turismo. Así se pretendía que las hamacas no ocuparan en ningún caso más del 40% de la superficie total de todas las playas urbanas, ni más del 50% de la superficie de cada playa. Pero esta petición fue desestimada por el gobierno local. «En resumen, tenemos un contrato de playas que no asegura un servicio sostenible ni medioambientalmente, ni turísticamente, ni económicamente hablando. Nosotros lo advertimos, no nos hicieron caso y ahora vienen los recursos y las lamentaciones», concluyó.