El concejal de Compromís y portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, registró una moción para el próximo pleno para que el Ayuntamiento de Benidorm traslade a la Generalitat su apoyo a la implantación del sistema selectivo de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases que quiere impulsar el Consell en los municipios valencianos, y que, cuando esté en marcha, dicho sistema también cuente con Benidorm.
El portavoz explicó que con este sistema que quiere implantar la administración autonómica cada ciudadano recibe una compensación económica (fijada en diez céntimos de euro por devolución) por cada lata o botella que devuelva al comercio, tal como se hacía antiguamente y de igual manera que funciona con éxito en más 40 regiones del planeta de diferentes países, como Alemania, Suecia, Dinamarca, Australia, Canadá y algunos estados de EE.UU. Además, el comerciante cobraría una cantidad económica por la gestión del envase (contemplada en dos céntimos por cada retorno) y el encargado de recogerlos recibirá la misma cantidad económica por envase.
«Este sistema de recogida de envases presenta ventajas de diversa índole: mejoraría la concienciación de la ciudadanía sobre el medio ambiente y el reciclaje, aumentaría la fidelidad del consumidor y la oportunidad de conseguir nuevas ventas y permitiría la creación de nuevos puestos de trabajo en el lugar de tratamiento», indicó Bigorra.
El Consell está mantenimiento reuniones con todos los sectores implicados para poner en marcha este nuevo sistema, que será complementario al actual de recogida de envases en contenedores. El SDDR contará con un depósito para envases de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vidrio, plástico, latas y briks para reducir el abandono de estos recipientes en todas las partes de nuestro territorio y supondrá un ahorro para los ayuntamientos en la recogida, tratamiento y limpieza de latas y botellas de bebidas.
«Desde nuestro grupo municipal queremos que Benidorm confirme que colaborará con este sistema de recogida de residuos por las ventajas que tiene para el medio ambiente y para lo que supondría para nuestra ciudad», explicó el portavoz. Finalmente añadió que la Generalitat prevé terminar su disposición normativa en 2017 y estima que su implantación moverá alrededor de 30 millones de euros para compensar el comercio de toda la Comunitat Valenciana.