Según una información publicada en la prensa, el Ayuntamiento de Benidorm y Enrique Ortiz, el empresario propietario de las construcciones de la Estación de Autobuses de Benidorm, han llegado a un acuerdo para que un técnico externo determine el coste de la obra y así regularizar la situación del edificio y de su concesión. El concejal de Compromís y portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, ha criticado la decisión unilateral del gobierno local y ha solicitado una Junta de Portavoces para que se expliquen estas decisiones, mediante escrito dirigido a Alcaldía, tal como se había acordado en la última Junta, celebrada el 21 de marzo, a petición del propio grupo municipal.
«Además de conocer estas decisiones por la prensa, aunque se indicó en la última Junta de Portavoces que pronto se convocaría otra en la que se facilitaría toda la información al respecto, el gobierno local parece que ha negociado y acordado ciertas cuestiones con Enrique Ortiz antes que con la corporación municipal», ha criticado Bigorra.
Concretamente, el portavoz se refiere a que la prensa informó que el gobierno de Benidorm y Ortiz han llegado a un acuerdo para que un técnico externo determine el coste de la obra y por cuánto habría que indemnizar al empresario. «Queremos saber exactamente qué ha pactado el PP con Ortiz, propietario de la empresa que construyó la estación de autobuses con ilegalidades manifiestas, según sentencia del Tribunal Supremo, y que aún disfruta de su explotación a falta de regularizar la situación», subrayó Bigorra. En ese sentido, también se ha quejado de que el PP ha decidido pactar este tema con el empresario antes de consensuar antes con la corporación municipal: «Por respeto a los concejales de Benidorm, las decisiones derivadas de los temas de ciudad deberían tratarse previamente con los diferentes grupos políticos y luego transmitir la decisión a las partes implicadas».
Además, según la noticia publicada, la concejala de Hacienda, Lourdes Casillas, explica que no habrá ningún coste para las arcas públicas sobre esta contratación ya que se trata de una persona ya contratada por el consistorio. «No sabemos nada ni de a quién se refiere ni de por qué no costará nada ni a qué empresa o consultoría pertenece y, por tanto, se hace muy difícil comprobar que las palabras de la concejala son realmente ciertas», comentó.