El 27 de octubre de 2014 el pleno municipal de Benidorm aprobó una moción por la que se establecían una series de medidas en favor de las personas en riesgo de exclusión social para evitar los desahucios en la ciudad. Entre las acciones acordadas estaba la creación de un registro de viviendas sociales que incluían las viviendas municipales, privadas y las propias de las entidades bancarias. En este caso, en la actualidad sólo constan las propiedades municipales. Además, el portavoz del grupo municipal de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, ha tenido acceso al citado registro y ha denunciado que hay personas que están ocupando algunas viviendas que no cumplen los requisitos de riesgo de exclusión social necesarios.
«Dos de las viviendas están siendo alquiladas a funcionarios públicos jubilados, sin contrato y sin saber desde cuando y no se tiene constancia de ningún informe de los servicios sociales de los que se encuentran en una situación social de urgencia», indicó Bigorra. Según explicó, parece que no tendrían esta necesidad y, por tanto, «están ocupando una vivienda que otra persona con necesidades reales podría ocupar».
La situación es más crítica si se tiene en cuenta que sólo hay 15 viviendas municipales destinados a servicios sociales, de los cuales únicamente uno está vacío. Y además, incumplido el acuerdo del pleno aprobado por unanimidad en octubre del año pasado, aunque no se ha establecido un registro de viviendas privadas o propiedades de entidades bancarias, que podría suponer un mayor número de viviendas por a este uso social.
Por todo esto, el portavoz pide que se estudian escrupulosamente estos casos y que «las viviendas sociales se destinan a gente que realmente lo necesita». «No podemos ser una ciudad antidesahucios a medias; debemos cumplir todos los acuerdos aprobados y que se cumpla realmente la función social de las viviendas», subrayó.