El concejal de Compromís y portavoz del grupo municipal de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, pidió el lunes en Junta de Portavoces que el gobierno local retome la situación de la estación de autobuses, paralizada desde que en marzo de 2015 se dejara sobre la mesa una moción para regularizar el contrato de construcción y explotación de la misma, ya que existían discrepancias en la valoración entre diferentes informes del Ayuntamiento.

«Se ha de atender las irregularidades urbanísticas realizadas, la cuantificación de posibles indemnizaciones y la valoración de la estación de autobuses de forma inmediata para no alargar más este problema para la ciudad», indicó Bigorra. El portavoz se refiere así a que la Estación de Autobuses de Benidorm, adjudicada en 2003 por 5,6 millones de euros a una unión temporal de empresas, en la que existía participación de Enrique Ortiz, debe ser licitada de nuevo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que certificó infracciones urbanísticas en su modificación del proyecto. Concretamente, se refería a la construcción de dos plantas de más en el hotel que ahora explota una cadena de Benidorm y de 9.500 metros de espacio comercial por encima de lo permitido, aunque la mayor parte del mismo esté cerrado.

En el mes de marzo de 2015 la propuesta de regularización se quedó sobre la mesa porque para sacar a concurso la estación hacía falta el informe de fiscalización previa de Intervención, el cual concluyó que el presupuesto base para volverlo a licitar , 35,4 millones, no estaba completamente bien calculado. Además, habría que restarle al menos ocho millones, que es la cantidad que se habría amortizado hasta marzo desde que la estación abrió sus puertas. En ese sentido, el portavoz solicita, si no se ha hecho ya, que se realice la tasación de manera correcta.

A la petición realizada, la concejala de Hacienda, Lourdes Casillas, contestó que se realizará una reunión informativa monográfica sobre este tema entre los concejales y los técnicos del Ayuntamiento para poder tomar una decisión al respecto. Bigorra espera que esa reunión sea el punto de inflexión para resolver «las ilegalidades de la estación de autobuses, que ahora bordean la alegalidad» y que salga a concurso un contrato del que hasta ahora «una empresa se sigue beneficiando sin pagar nada de la explotación de la estación, ni por la infracción cometida ni por el canon acordado con el Ayuntamiento».